República Dominicana se viste de Amarillo y reclama al Gobierno cumplir la Ley que otorga 4% del PIB a Educación

Cansada de la delapidación del patrimonio nacional y el despilfarro de la riqueza de esta pobre nación por las autoridades gubernamentales de turno, la Sociedad Dominicana se ha levantado en pie y proclama a viva voz el reclamo más justo de todos: el de una educación digna, el que se cumpla la Ley que el mismo gobierno que se rehusa a cumplirla aprobó, promulgó y declaró como un triunfo propio en su momento.

El Presidente de la República, hombre joven reconocido tanto por su elocuencia como por su pragmatismo y capacidad de rápida respuesta, ha pretendido diluir el reclamo sugiriendo un debate sin fondo ni base más acorde a en un cuento fantástico de García Márquez que a los titulares de los diarios que informan de la deplorable realidad de esta bullante nación latinoamericana y caribeña.

"(...) es el tema de la educación, respecto del cual hay en nuestro país un debate, que yo debo ser franco y sincero con todos ustedes y me parece un falso debate."
Leonel Fernández, exposición ante la Asociación de Industriales de la Región Norte. Noviembre 23, 2010.

Los hechos son simples y claros: La Ley General de Educación de la República Dominicana (66-97), promulgada en 1997 por el mismo Presidente Leonel Fernández que hoy se rehusa a cumplirla, establece en su artículo 197 que el Gobierno debe designar el 16% de su presupuesto o el 4% del PIB de la Nación a la Educación:

Art. 197.- El gasto público anual en educación debe alcanzar en un periodo de dos años, a partir de la promulgación de esta ley, un mínimo de un dieciséis por ciento (16%), del gasto público total o un cuatro por ciento (4%) del producto bruto interno (PBI) estimado para el ano corriente, escogiéndose el que fuere mayor de los dos, a partir del término de dicho periodo, estos valores deberán ser ajustados anualmente en una proporción no menor a la tasa anual de inflación, sin menoscabo de los incrementos progresivos correspondientes en términos de porcentaje del gasto público o del producto interno bruto (PBI).

Fuente: Ley General de Educación, Título X. Ministerio de Educación, Portal Web.

Ante semejante aberración y flagrante violación de la Ley por las autoridades mismas que la redactan y que son responsables tanto de cumplirla como de hacerla cumplir, la Sociedad Dominicana ha dicho "Basta. Queremos un mejor futuro para nuestra Nación, para nuestros hijos. Queremos una mejor educación para los niños y jóvenes de hoy, arquitectos, ingenieros, obreros, ideadores, filósofos, creadores y regidores de nuestro mañana."

El lunes de diciembre la República Dominicana entera y los dominicanos alrededor del mundo se vestirán de amarillo, las páginas webs lucirán el color amarillo, los autos llevarán cintillas amarillas, en un reclamo pacífico por lo justo, por lo legal, por lo que se debe cumplir y por lo que no habría que rogar ni debatir: la asignación presupuestaria que la Ley establece para la educación del pueblo dominicano.

Al llamado se han unido sin reparo ni consideración desde figuras notables hasta los más humildes ciudadanos de todas las edades, de todas las ramas y ámbitos de la sociedad: periodistas, comunicadores, educadores, artistas, cantantes, escritores, empresarios, sin importar su militancia o inclinación política o su desdén por la misma. Son ellos quienes figuran en un simple video que circula en el boca a boca del Internet con un sólo tema, un sólo pedido, un sólo reclamo, el justo, el presupuesto que corresponde por Ley al sector Educación.

Si el Gobierno decide continuar ignorando el reclamo, desdeñando su validez, abre una puerta muy peligrosa: la de su propia ilegitimidad y violación de los principios básicos y el contrato social que nos rige y gobierna. Los ciudadanos están comprometidos a entregar al Estado parte de sus ingresos en la forma de impuestos y el Gobierno, como regente del Estado, está obligado a distribuir esos impuestos y ejecutarlos en un presupuesto acorde a lo que establecen las Leyes de la Nación, que han de ser sagrado compromiso entre el pueblo y el Estado, proclamado democráticamente a través de las instituciones que aceptamos nos gobiernen a través de los representantes que elegimos.

Si el Gobierno no cumple con la asignación presupuestaria que manda la Ley, el pueblo dominicano, desde el más humilde de sus ciudadanos hasta el más opulento de sus empresarios está en el pleno derecho de abstenerse del pago de impuestos hasta tanto el Gobierno no cumpla con su parte del contrato social que nos mantiene en paz como sociedad democrática.

Ojalá y el Presidente escuche. Ojalá y el Gobierno recapacite y nos bendiga esta Navidad con el regalo de la honestidad y el cumplimiento de la Ley, regalándonos a su vez lo que no deberíamos pedir y nos pertenece como Nación: una mejor educación para todos.

Si no lo hiciere, bien pueden los dominicanos hacer un llamado de desobediencia civil y abstenerse de pagar los impuestos que la Ley manda, ya que el Gobierno se abstiene de cumplir la Ley que rige como usar los dineros recolectados.

Para más información sobre el reclamo y el movimiento, visitar: www.educaciondigna.com.